Valoraciones de la anulación del Canon Digital

Hoy se ha dado a conocer la noticia de que la Audiencia Nacional ha declarado nula la Orden Ministerial PRE/1743/2008, de 18 junio, que regulaba lo que todos conocemos como el Canon Digital. La sentencia, que podéis leer íntegra aquí, viene a zanjar el recurso contencioso-administrativo (la demanda, vamos) que interpuso la Asociación de Internautas contra el Ministerio de la Presidencia y varias sociedades de gestión de derechos de autor, como EGEGA y CEDRO entre otras (e incluso Cableuropa, empresa propietaria de ONO, figura entre los codemandados).

Esta sentencia no tiene relación con la dictó la Audiencia de Barcelona en relación al caso Padawan. La A.B. confirmó con su sentencia lo que había dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): que el canon sólo podía aplicarse a personas físicas, y no a personas jurídicas (empresas e instituciones). Como expliqué en su momento, esto no significaba que el canon hubiese sido declarado ilegal, sino que se consideraba abusiva la forma de aplicarlo. Las dos sentencias responden a procesos diferentes. Que se haya dictado sentencia en la Audiencia Nacional sólo unas semanas después de la de Barcelona (recordemos que la normativa española tenía que adaptarse para acatar la sentencia del TJUE) no sé si será coincidencia, pero no suelo ser tan paranoico.

Sobre la sentencia que nos ocupa, a pesar de la alegría que naturalmente ha provocado entre internautas y usuarios, prefiero tomarla con cautela. En primer lugar porque aún cabe presentar recurso. Y en segundo, y más importante, es que se ha declarado nula la Orden Ministerial (no el canon per se) y por “defecto de forma” (que me perdonen los abogados si no he usado la expresión correctamente). Es decir, por hacer una chapuza deprisa y corriendo.

Aunque la Asociación de Internautas argumentaba principios de inconstitucionalidad, han sido razones formales las que han provocado la nulidad de la Orden. Por resumir, el Gobierno tramitó la Orden como si se tratase de un acto administrativo, mucho más fácil de aprobar y que no necesita llevar a cabo una serie de trámites (presentar memorias Económicas y Justificativa, así como un Dictamen al Consejo de Estado). Sin embargo, la orden mediante la que se aprobó el canon no se ajusta a la definición de acto administrativo, sino a la de Reglamento, que ya es una norma jurídica y necesita los trámites antes mencionados. En pocas palabras: quisieron dar gato por liebre. Y con la misma facilidad con la que se aprobó en su día, se ha anulado después.

¿Qué pasará ahora? Bueno, asumiendo que no se presente recurso, o que en todo caso se declare finalmente esta nulidad, para empezar la sentencia no tendrá carácter retroactivo, así que el canon que hemos pagado hasta ahora, pagado está y no hay tu tía. Esto no sé cómo afectará a las empresas que tenían pensado recurrir el canon que habían pagado, aunque creo que en principio no debería ser obstáculo: la Orden ha estado vigente durante más de dos años, y la cláusula abusiva ya existía.

Una de las cosas que más me temo es que al tratarse de un defecto de forma, no servirá de precedente, ya que no se han tomado en cuenta los principios de inconstitucionalidad. Además, la Orden es fruto de la reforma de la LPI que tuvo lugar en 2007, y que se adaptaba a la normativa europea, por lo que es de esperar que tarde o temprano nos llegue un nuevo canon. La Ministra Sinde no ha tardado en decir que ellos siguen adelante con lo suyo. Me gustaría pensar que esta es una buena oportunidad para crear un nuevo modelo de compensación por copia privada más justo, equitativo, menos abusivo, y cuyos ingresos se distribuyan de una manera más racional (y no que se lo den a los cuatro de siempre), pero no soy tan optimista.

La incógnita que me queda es que pasará con la sentencia del TJUE. Estábamos obligados a readaptar la normativa española para que se cumpliese lo dictaminado en la sentencia. De hecho, la demora en este asunto supone un aviso (y más tarde, una multa) por parte de la Unión Europea. Ahora que la Orden está anulada ¿ya podemos dar la sentencia por cumplida? ¿o aún tenemos que esperar a que se haga un nuevo canon? Y si ese nuevo canon siguiese siendo abusivo ¿se aplicaría de nuevo la sentencia del TJUE? ¿o como ya no se trata de la Orden PRE/1743/2008 no se considera el mismo canon?

Defecto de forma, señores.

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