Basta de palabrería: pasemos a la acción

De sobra es conocido el revuelo que ha montado la llamada Ley de la patada en el router o Ley Sinde, desde que se inició a principios de diciembre hasta ahora, que parece que la cosa sigue adelante. Una de las consecuencias más visibles para los internautas fue la adopción de un Manifiesto que se oponía al que habían redactado los defensores férreos del copyright (la presentación del primer borrador de la Ley Sinde coincidía sospechosamente con una manifestación de músicos y productores frente al Ministerio de Cultura).

El Manifiesto fue adoptado masivamente por bloggers e internautas, tuvo repercusión en los medios convencionales y unas cifras de notoriedad en redes sociales bastante elevada. Incluso el Ministerio de Cultura recibió a un grupo de representantes de los internautas , aunque fues una reunión un poco tramposa: por un lado, los representantes de los internautas eran varios periodistas y bloggers de cierto renombre, no sé exactamente quién los erigió en representantes, y por otro, la reunión tuvo lugar de un día para otro, así que los sorprendidos internautas apenas tuvieron tiempo de prepararla en conjunto.

Pero muchos nos preguntamos ¿y ahora qué? La Ley Sinde parece seguir adelante (salvo que no encuentre apoyo en su trámite parlamentario). La oposición al Canon Digital también contó con más de un millón de firmas en su momento, pero ahí seguimos, comiéndonoslo con patatas. Los internautas hemos demostrado gran capacidad de organización y de difusión. Pero por el momento no hemos demostrado poder de actuación más allá de ahí. Y como internauta y bloguero, asumo mi parte de culpa. Podemos hacer mucho más que redactar manifiestos, eso seguro. Tanto en el ciberespacio como en el (mal llamado) mundo real.

Los abogados David Bravo y Javier de la Cueva, especialistas en propiedad intelectual e internet, están poniendo su granito de arena poniendo a disposición del público plantillas de documentos para preparar la defensa legal ante cierto tipo de denuncias que suele practicar la SGAE (contra las webs de enlaces, petición de requisar el disco duro…). El último documento que han liberado es un modelo de denuncia contra el Estado. La denuncia viene a cuenta de un informe que ha publicado la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en el que se dice que las entidades gestoras de derechos de autor tienen una posición dominante que les permite ejercer prácticas cercanas al monopolio. Así que los abogados animan a la ciudadanía a denunciar al Estado ante la Comisión Europea por permitir este abuso. Más allá de los manifiestos y las protestas, este tipo de iniciativas sólo llegaran a algo cuando “cristalizan en el terreno físico”, como dice David Bravo. Si no, las palabras se quedan en eso, en palabras. Es hora de que como ciudadanos hagamos valer nuestro derecho y controlemos el poder (un poder que hemos entregado como votantes). Me encantó una frase de Javier de la Cueva, en un reciente encuentro digital, que decía que parte de la culpa por esta situación era nuestra “por ejercer el derecho a voto como si fuéramos hinchas de fútbol, en lugar de ciudadanos racionales”. Quizá si la Comisión Europea ve que llegan denuncias a cascoporro por el mismo tema le dé un buen tirón de orejas al Gobierno.

Que conste, y aquí aporto mi opinión personal, que en ningún momento me estoy oponiendo a que existan derechos de autor (que no es lo mismo que copyright) ni quiero que los autores no cobren por sus creaciones. Aquí lo que se está cuestionando son las prácticas de las entidades que gestionan esos derechos. Ya ha habido contestación por parte de las entidades a este informe y para variar se están manipulando los términos del debate. Lo que se pone en cuestión es que para poder cobrar derechos de autor haya que afiliarse por narices a una de estas entidades (algo que para los autores noveles puede suponer pérdidas de dinero); se está cuestionando las tarifas o condiciones que puede llegar a establecer una de esas entidades; se está cuestionando la poca transparencia de estas entidades. Y por mi parte, añadiría que podría redibujarse el mapa de estos colectivos, separando los autores de los editores y productores. O incluso convertir el canon que están percibiendo estas entidades privadas (por muy “sin ánimo de lucro” que sean) en un impuesto público, que se reinvierta en CULTURA, no en dárselo a los cuatro de siempre.

Así que si estáis de acuerdo, os animo a rellenar la denuncia y a que os acerquéis a una ofinica de Correos. Según explica David Bravo, el único coste es el de enviar la carta por correo certificado. El prodecimiento es gratuito y “no cabe condena en costas”, es decir, si no ganáis, no os harán pagar nada.

Descargar modelo de denuncia (botón derecho), en formato .doc

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